EL DEBATE: La tecnociencia para el bien común

 

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Por António Francisco Cachapuz

Universidade de Aveiro, CIDTFF, Portugal

 

 

Aunque se ha avanzado mucho en el estudio de problemas tradicionales CTS en los últimos diez años, especialmente en el contexto del desarrollo curricular, es necesario ir más lejos. Lo que sabemos no es suficiente. Es necesario discutir más a fondo cuál es el sentido del progreso tecnocientífico.

 
Sostengo que las relaciones entre tecnociencia y poder pueden y deben ser reformuladas en un sentido más democrático y ético con el fin de reconciliar los valores y la cultura democrática y humanista con el progreso tecnocientífico. Es necesario profundizar la democracia participativa (no sólo representativa) como el eje mediador y regulador entre la tecnociencia y el poder. Es decir, que la reorientación de las relaciones entre la tecnociencia y el poder sólo puede florecer en sociedades abiertas y democráticas y tiene importantes implicaciones para la educación de los ciudadanos. Necesitamos desarrollar una mayor conciencia de nuestras circunstancias sociales, ampliando así nuestra capacidad de comprensión y participación en las decisiones importantes de carácter social, político y educativo, que no pueden resolverse por sí mismas: analfabetismo, amenazas a la biodiversidad, problemas con la sustentabilidad, cambio climático, problemas con la ingeniería genética, desregulación de las estructuras sociales...

 

 

Ahora está claro el creciente distanciamiento entre ciudadanos y gobierno, es decir, la disfunción en la relación entre los ciudadanos y el poder político, incluso en sociedades donde existe la democracia formal. La cuestión no es sólo la transparencia de estas relaciones.
 
Al igual que otros autores (Sclove, Forti, Jasanoff, Mayor, entre otros), sostengo que:
 
I) Es necesaria una mayor transparencia del discurso político. La experiencia demuestra que esta transparencia no es de la iniciativa del poder político. Por lo tanto, es un acto de la ciudadanía ayudar a descubrirlo y hacer públicos los criterios para decidir sobre las políticas de ciencia/tecnología. Una de las condiciones es apoyar y promover la formación de una cultura científica al servicio de la ciudadanía democrática (lo que no significa convertir a cada ciudadano en un científico). Un buen ejemplo de alternativas capaces de generar una orden tecnológica más democrática es la génesis y desarrollo del movimiento internacional sobre el medio ambiente.
II) Los objetivos y el contenido de los programas internacionales de ciencia/tecnología deben ser reorientados para servir mejor a las necesidades humanas básicas a toda la humanidad, y no sólo unos pocos privilegiados. Es decir que el diseño de estos programas debe tener una matriz de Derechos Humanos.
III) Es necesario repensar la organización de la toma de decisiones, especialmente redefinir la función de los asesores científicos. Limitar el poder de ambas partes, políticos y asesores científicos.
IV) Es necesario crear organismos de cooperación internacional (a imagen de la UNESCO) para ayudar a los países menos desarrollados en su desarrollo científico/tecnológico y con el fin de resolver de manera sustentable, no sólo a nivel local, los problemas de calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
 
Con la globalización económica neoliberal se produce una fractura en la autoridad de los estados-nación que no favorece la aproximación con los ciudadanos y, por lo tanto, el control de los cambios de orden educativo, social y tecnológico, entre otros. La cuestión clave es quién decide qué.
 
Publicado el 23 de mayo de 2011

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